Hoy se nos plantean retos que hace apenas un par de décadas no afectaban a nuestro entendimiento de los negocios ni de las finanzas: la vertiginosa globalización de la economía, los efectos de las nuevas tecnologias de la información sobre las empresas y sus clientes, la creciente complejidad del entorno financiero y jurídico-fiscal y del impacto de la carga tributaria sobre la viabilidad misma de los negocios. La planificación fiscal estratégica actúa en todos estos ámbitos consolidando su negocio y permitiéndole afrontar el futuro con mayor seguridad y confianza.

Para cualquier actividad empresarial es actualmente imprescindible seleccionar correctamente las jurisdicciones en las que se habrá de establecer cada una de las fases del negocio, escogiendo para ello los tipos de sociedad, fórmulas jurídicas y entornos legislativos más adecuados a la planificación fiscal estratégica que cada cliente necesite.

La correcta utilización de los centros offshore (las jurisdicciones popularmente denominadas “paraísos fiscales”) es completamente lícita y representa un instrumento muy útil a la hora de diseñar la planificación fiscal internacional más adecuada a cada caso. Estas jurisdicciones presentan un abanico de ventajas jurídicas, fiscales, financieras y de confidencialidad que nos permiten asegurar una legitima protección del patrimonio, así como el acceso a inversiones financieras internacionales y especialmente diseñadas para estas jurisdicciones. También es posible obtener una residencia fiscalmente conveniente y disfrutar de las muchas otras ventajas que hoy ofrecen los países y territorios de baja fiscalidad.

Cada cliente es un mundo, cada uno tiene necesidades y condicionantes diferentes a los demás y no todos los centros offshore tienen las mismas características. Por ello lo importante es la selección de una empresa que disponga de una visión global y esté en disposición de seleccionar la jurisdicción oportuna a cada caso y las fórmulas jurídico-fiscales adecuadas en función de criterios de estabilidad política y económica, seguridad jurídica, regulación del sistema bancario y, sobre todo, respeto escrupuloso a las normas internacionales para la prevención del blanqueo de capitales procedentes del delito.